Los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución de Ecuador aprobada en 2008 deberán convertirse en ley en febrero de 2010. Varias organizaciones sociales elaboraron una propuesta que fue presentada a la asamblea (órgano legislativo de Ecuador), a partir de recursos técnicos y políticos apoyados por APC.

El gobierno de Ecuador deberá aprobar, antes del 15 de octubre, una ley que asegure que los derechos consagrados en la Constitución de 2008 se lleven a la práctica. Organizaciones y redes de comunicación ecuatorianas, latinoamericanas e internacionales, entre las que se encuentra APC, acordaron diez principios básicos que deben estar contenidos en la ley. Entre ellos se incluye el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y la distribución equitativa de frecuencias.

La nueva Constitución de Ecuador, aprobada en octubre de 2008, legitimó el uso de las redes inalámbricas como medio para alcanzar el acceso universal. Este tipo de redes se posicionaron en el debate constituyente por sus ventajas como su operación en bandas libres, su bajo costo y sus posibilidades de ofrecer sostenibilidad a las comunidades u organizaciones beneficiadas. Frente al desafío de llevar esto a la práctica APC realizó una investigación sobre las posibilidades y el contexto político y regulatorio de las redes inalámbricas comunitarias, así como experiencias exitosas llevadas a cabo en los últimos años.